Publicado el 08/07/2025 por Administrador
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La tensión social en Kenia ha escalado dramáticamente tras las protestas del pasado lunes, que dejaron al menos 31 personas muertas y más de 100 heridas en distintos puntos del país. Las movilizaciones, convocadas para conmemorar el 35.º aniversario del “Día de Saba Saba”, derivaron en enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, reavivando una profunda crisis política y social.
Las manifestaciones, organizadas por movimientos juveniles y activistas prodemocracia, tenían como objetivo denunciar el deterioro de las condiciones de vida, el autoritarismo gubernamental y la brutalidad policial. Sin embargo, lo que empezó como una protesta pacífica en Nairobi se transformó en una jornada sangrienta marcada por el uso excesivo de la fuerza.
Testigos reportaron que la policía abrió fuego real contra la multitud en varios puntos de la capital y en ciudades como Nakuru, Eldoret, Kangemi y Nyeri. Además del uso de gases lacrimógenos y cañones de agua, también se denunció la presencia de agentes encubiertos y supuestos grupos armados actuando en complicidad con la represión.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por la magnitud de la violencia y exhortó al gobierno keniano a respetar el derecho a la protesta y la libertad de expresión. “La pérdida de vidas humanas durante manifestaciones es inaceptable y debe ser investigada con urgencia”, señaló en un comunicado.
El presidente William Ruto, blanco de las críticas por su silencio ante la tragedia, aún no se ha pronunciado públicamente. Sin embargo, semanas atrás, su ministro del Interior había advertido que las fuerzas del orden estaban autorizadas a disparar contra cualquiera que se acercara a instalaciones gubernamentales, una declaración que ahora resuena con dureza.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han contabilizado más de 500 detenidos en las últimas 48 horas, muchos de ellos sin cargos formales. Algunos hospitales denunciaron que ambulancias fueron bloqueadas y que varios heridos no pudieron recibir atención médica oportuna.
El detonante inmediato de la protesta fue la muerte de un bloguero político bajo custodia policial, lo que generó una ola de indignación, especialmente entre la Generación Z keniana, cada vez más activa políticamente y crítica del status quo. Las redes sociales se inundaron de denuncias, videos y llamados a continuar la resistencia.
La oposición, liderada por figuras como Raila Odinga, calificó la represión de “masacre” y exigió la dimisión de altos mandos policiales. También se ha convocado una huelga nacional para el próximo lunes como respuesta a la represión, con el objetivo de ejercer presión sobre el Ejecutivo.
Este nuevo episodio de violencia revive los fantasmas de 2024, cuando Kenia vivió otra ola de manifestaciones masivas contra una reforma tributaria que fue finalmente retirada. No obstante, el descontento social se ha mantenido latente, agravado por el desempleo, la inflación y una creciente sensación de impunidad en los altos círculos del poder.
La comunidad internacional ha expresado preocupación, y se espera que en las próximas horas el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debata una posible resolución de condena contra el gobierno keniano. Mientras tanto, el país enfrenta una encrucijada: o da paso a un diálogo político real o corre el riesgo de entrar en una espiral aún más profunda de violencia y represión.
