La legislatura estatal de Texas considerará en enero un proyecto de ley que busca dificultar el acceso a las píldoras abortivas en el estado, donde ya está en vigencia una de las prohibiciones al aborto más restrictivas del país.
El legislador republicano Pat Curry presentó este mes una propuesta para clasificar la mifepristona y el misoprostol – dos medicamentos usados para interrumpir el embarazo en los primeros meses – como sustancias controladas.
Incluir las píldoras en esta categoría, que se reserva para drogas potencialmente adictivas, otorgaría al estado un mayor control sobre su uso y distribución.
Texas prohíbe el aborto después de las seis semanas de gestación, antes de que la mayoría de personas sepan que están embarazadas. La restricción entró en vigor después de que el Supremo de EE.UU. tumbara en 2022 la sentencia Roe vs. Wade, que protegía el aborto a nivel nacional.
La mifepristona y el misoprostol no se usan solo para interrumpir un embarazo de manera voluntaria, sino que también son esenciales para manejar los abortos espontáneos. A su vez, el misoprostol es usado para inducir un parto y como tratamiento para detener hemorragias después de un parto.
La legislatura estatal entra en sesión a mediados de enero de 2025 y este proyecto de ley pasará a ser estudiado entonces el hemiciclo.
En Luisiana, un estado fronterizo con Texas y que también está gobernado por el Partido Republicano, el Congreso estatal aprobó una ley similar, provocando una avalancha de críticas por parte de los profesionales sanitarios.
Un grupo de doctores y activistas presentaron una demanda contra la reclasificación de las píldoras, asegurando que pone en riesgo la vida de las personas que las necesitan para diferentes tratamientos.
Desde que el Supremo, de mayoría conservadora, eliminara la protección existente desde 1973, decenas de estados han elaborado legislaciones restrictivas: en 14 es imposible abortar o el límite son seis semanas, y en otros siete se han puesto impedimentos y bajado plazos.
En la mayoría de esos 21 no hay excepciones ni por violación ni por incesto y sólo se puede cuando la vida de la madre está en peligro, una situación que preocupa a los médicos, quienes pueden enfrentarse a penas de hasta 99 años de prisión por practicar un aborto.
